La IV Cumbre Nacional por la Vida y la Dignidad de la Amazonía se llevó a cabo los días 15 y 16 de mayo de 2026 en la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos. Este encuentro histórico reunió a organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades indígenas, campesinos, defensores de derechos humanos, mujeres amazónicas y juventudes de diversas provincias del país. Impulsadas por el Consejo Nacional de Defensores de Derechos Humanos y la Naturaleza

A continuación, se detallan los temas centrales que se discutieron y las resoluciones colectivas adoptadas de forma unánime:

Temas tratados en la Cumbre

Durante las jornadas de análisis y debate, las delegaciones constataron la grave y sistemática vulneración de derechos que enfrentan las poblaciones amazónicas. Los ejes principales de discusión fueron:

• Persistencia del daño ambiental: Se denunció la presencia continua de piscinas contaminadas con crudo abandonadas por la empresa Chevron-Texaco, así como la destrucción de ecosistemas y la pérdida crítica de biodiversidad en la región.
• Crisis de salud pública: Se expusieron los alarmantes índices de cáncer y enfermedades crónicas provocados por la contaminación, los cuales afectan con mayor severidad a niñas, niños y mujeres de las comunidades.
• Contaminación del aire y agua: Se analizó el impacto de la quema constante de gas mediante mecheros petroleros y la contaminación irreversible de las fuentes hídricas indispensables para la vida.
• Retardo e impunidad judicial: Se cuestionó con dureza el bloqueo institucional y los obstáculos que impiden la ejecución material de la sentencia firme dictada contra Chevron, lo cual revictimiza a los afectados tras más de 30 años de espera.
• Soberanía jurídica nacional: Se debatió la obligación de los jueces de respetar la Consulta Popular del 21 de abril de 2024 (específicamente la Pregunta D), donde el pueblo ecuatoriano rechazó el arbitraje internacional que históricamente ha blindado los intereses de corporaciones transnacionales.

Resoluciones adoptadas (exigencias)

Como mandato colectivo de la Cumbre, las organizaciones y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza emitieron las siguientes resoluciones dirigidas a las autoridades judiciales:

1. Cumplimiento del marco Constitucional: Exigir a la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos actuar con estricto apego a las normas constitucionales e internacionales de protección de derechos humanos y derechos de la naturaleza.
2. Despacho inmediato del embargo: Ordenar la resolución urgente de la solicitud de acción de embargo por USD 215 millones presentada en diciembre de 2025 y ratificada en febrero de 2026, asegurando así la ejecución efectiva de la sentencia del Caso Chevron.
3. Cese de dilaciones injustificadas: Demandar la adopción de medidas judiciales que eviten nuevos retrasos burocráticos y omisiones que profundizan la impunidad.
4. Garantía de reparación integral: Asegurar que la ejecución de la sentencia responda de forma estricta a los principios de justicia ambiental, reparación integral de las víctimas y no repetición de estos crímenes socioambientales.
5. Respeto a la voluntad popular: Exigir coherencia obligatoria con el mandato ciudadano del referéndum de 2024, rechazando cualquier mecanismo internacional que busque favorecer la impunidad corporativa o mermar la soberanía jurídica de los tribunales nacionales.
6. Exhorto y respaldo a los jueces: Invitar formalmente a los magistrados a denunciar cualquier tipo de presiones o amenazas por parte de otras instituciones del Estado o actores externos, garantizándoles el respaldo social en toda acción que viabilice la tutela efectiva de los derechos colectivos y ambientales.

Cada día que los juzgados arrastran los pies es un día más de impunidad corporativa y revictimización para las comunidades amazónicas. Las resoluciones de esta IV Cumbre Nacional no buscan abrir un nuevo debate, sino exigir el cierre definitivo de una herida histórica que sangra desde hace más de 30 años. La solicitud de embargo por USD 215 millones espera en los despachos de Sucumbíos. La respuesta de las autoridades judiciales determinará si el Estado de derecho es una realidad palpable o simplemente un mito escrito en papel.