Furia climática y millones al agua: El colapso del nuevo dique en el río Coca expone la fragilidad de Coca Codo Sinclair

Por: Redacción MASD Digital Ecuador

La crisis energética en Ecuador ha tomado un giro dramático el jueves 21 de mayo. Lo que inicialmente fue presentado por las autoridades gubernamentales como una desconexión preventiva y temporal por «exceso de sedimentos», esconde en territorio un colapso de infraestructura alarmante: el fuerte temporal registrado en la región amazónica destruyó parte del dique permeable construido en el río Coca, una obra clave que costó 19 millones de dólares al Estado y que fue inaugurada hace apenas un mes, el pasado 13 de abril.

Este daño estructural se convirtió en el verdadero detonante de una jornada caótica que provocó apagones imprevistos en al menos cinco provincias del país. Aunque el Ministerio de Ambiente y Energía y el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) confirmaron horas más tarde que la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (1.500 MW) logró reanudar parcialmente su producción, el evento ha vuelto a encender las alarmas sobre la extrema vulnerabilidad del Sistema Nacional Interconectado (SNI) y la enorme dependencia energética que arrastra el Ecuador.

El dique de los 19 millones: ¿Solución técnica o inversión efímera?

El dique permeable, entregado formalmente por la ministra Inés Manzano el mes pasado, tenía como objetivo crucial ralentizar la fuerza del caudal, retener materiales sólidos y frenar la temida erosión regresiva que amenaza con destruir de forma definitiva las obras de captación de la hidroeléctrica. Sin embargo, la millonaria estructura de pilotes y enrocado no resistió el primer gran embate de las crecidas fluviales de mayo.

Al dañarse la estructura en la bocatoma, se produjo un flujo incontrolable de lodo, arena y piedras que terminó desbordándose hacia las compuertas de la central. Para salvar las turbinas de la abrasión destructiva del material, los técnicos se vieron obligados a paralizar las unidades de generación. Al salir de operación la planta que aporta cerca del 30% de la electricidad del país, el sistema nacional simplemente parpadeó, demostrando que cuando Coca Codo sacude, parte del Ecuador se queda a oscuras.

Entre el relato oficial y la realidad en territorio

Obras de un mes que se desmoronan: Que una inversión de 19 millones de dólares diseñada específicamente para soportar los eventos fluviales de la zona sufra daños de consideración en su primer mes de vida genera serias dudas sobre los estudios técnicos, la calidad de los materiales y la fiscalización de la obra.

La descentralización del costo político: Al delegar en las empresas distribuidoras locales (como CNEL o Emelnorte) la responsabilidad de «informar oportunamente» sobre los cronogramas de cortes, el Ejecutivo diluye el impacto político directo de la crisis en Carondelet. La ciudadanía vuelve a enfrentar la incertidumbre del desabastecimiento sin reglas claras a largo plazo.

La narrativa del boicot frente a la falta de previsión: Paralelo al anuncio técnico, el presidente Daniel Noboa argumentó mediante una carta abierta que «hoy no existe problema de generación» y atribuyó las tensiones internas a intentos de «boicot» de mafias que se resisten a los cambios. Si bien la pugna política existe, matizar un problema de diseño estructural e hidrológico recurrente con relatos de sabotaje corre el riesgo de postergar el debate de fondo: la urgencia de proyectos termoeléctricos de respaldo eficientes y la transición hacia energías alternativas no dependientes del agua.

Fuente: PRIMICIAS – IA

Ultimátum en Sucumbíos: IV Cumbre de la Amazonía exige poner fin a los bloqueos judiciales

La IV Cumbre Nacional por la Vida y la Dignidad de la Amazonía se llevó a cabo los días 15 y 16 de mayo de 2026 en la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos. Este encuentro histórico reunió a organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades indígenas, campesinos, defensores de derechos humanos, mujeres amazónicas y juventudes de diversas provincias del país. Impulsadas por el Consejo Nacional de Defensores de Derechos Humanos y la Naturaleza

A continuación, se detallan los temas centrales que se discutieron y las resoluciones colectivas adoptadas de forma unánime:

Temas tratados en la Cumbre

Durante las jornadas de análisis y debate, las delegaciones constataron la grave y sistemática vulneración de derechos que enfrentan las poblaciones amazónicas. Los ejes principales de discusión fueron:

  • Persistencia del daño ambiental: Se denunció la presencia continua de piscinas contaminadas con crudo abandonadas por la empresa Chevron-Texaco, así como la destrucción de ecosistemas y la pérdida crítica de biodiversidad en la región.
  • Crisis de salud pública: Se expusieron los alarmantes índices de cáncer y enfermedades crónicas provocados por la contaminación, los cuales afectan con mayor severidad a niñas, niños y mujeres de las comunidades.
  • Contaminación del aire y agua: Se analizó el impacto de la quema constante de gas mediante mecheros petroleros y la contaminación irreversible de las fuentes hídricas indispensables para la vida.
  • Retardo e impunidad judicial: Se cuestionó con dureza el bloqueo institucional y los obstáculos que impiden la ejecución material de la sentencia firme dictada contra Chevron, lo cual revictimiza a los afectados tras más de 30 años de espera.
  • Soberanía jurídica nacional: Se debatió la obligación de los jueces de respetar la Consulta Popular del 21 de abril de 2024 (específicamente la Pregunta D), donde el pueblo ecuatoriano rechazó el arbitraje internacional que históricamente ha blindado los intereses de corporaciones transnacionales.

Resoluciones adoptadas (exigencias)

Como mandato colectivo de la Cumbre, las organizaciones y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza emitieron las siguientes resoluciones dirigidas a las autoridades judiciales:

  1. Cumplimiento del marco Constitucional: Exigir a la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos actuar con estricto apego a las normas constitucionales e internacionales de protección de derechos humanos y derechos de la naturaleza.
  2. Despacho inmediato del embargo: Ordenar la resolución urgente de la solicitud de acción de embargo por USD 215 millones presentada en diciembre de 2025 y ratificada en febrero de 2026, asegurando así la ejecución efectiva de la sentencia del Caso Chevron.
  3. Cese de dilaciones injustificadas: Demandar la adopción de medidas judiciales que eviten nuevos retrasos burocráticos y omisiones que profundizan la impunidad.
  4. Garantía de reparación integral: Asegurar que la ejecución de la sentencia responda de forma estricta a los principios de justicia ambiental, reparación integral de las víctimas y no repetición de estos crímenes socioambientales.
  5. Respeto a la voluntad popular: Exigir coherencia obligatoria con el mandato ciudadano del referéndum de 2024, rechazando cualquier mecanismo internacional que busque favorecer la impunidad corporativa o mermar la soberanía jurídica de los tribunales nacionales.
  6. Exhorto y respaldo a los jueces: Invitar formalmente a los magistrados a denunciar cualquier tipo de presiones o amenazas por parte de otras instituciones del Estado o actores externos, garantizándoles el respaldo social en toda acción que viabilice la tutela efectiva de los derechos colectivos y ambientales.

Cada día que los juzgados arrastran los pies es un día más de impunidad corporativa y revictimización para las comunidades amazónicas. Las resoluciones de esta IV Cumbre Nacional no buscan abrir un nuevo debate, sino exigir el cierre definitivo de una herida histórica que sangra desde hace más de 30 años. La solicitud de embargo por USD 215 millones espera en los despachos de Sucumbíos. La respuesta de las autoridades judiciales determinará si el Estado de derecho es una realidad palpable o simplemente un mito escrito en papel.

Comunidades de la parroquia 10 de Agosto exigen atención vial y productiva a la Prefectura de Sucumbíos

SUCUMBÍOS. Dirigentes y moradores de diversas comunidades de la parroquia 10 de Agosto se concentraron en el auditorio del Gobierno Provincial de Sucumbíos con el objetivo de exigir respuestas concretas ante el notable deterioro de su infraestructura vial y la falta de apoyo al sector productivo.

A pesar de la expectativa de los comuneros por mantener un diálogo directo con la máxima autoridad provincial, el prefecto no estuvo presente en la reunión. En su lugar, la comitiva fue recibida por una mesa técnica integrada por el director de Obras Públicas, el director de Participación Ciudadana y el director de Corposucumbíos. Esta ausencia generó malestar entre los asistentes, quienes insistieron firmemente en que era indispensable la comparecencia del prefecto para asumir compromisos políticos y administrativos firmes. Ante esto, los funcionarios delegados adujeron que, al tratarse de temas estrictamente operativos, correspondía a las direcciones técnicas abordar las demandas.

Vías en mal estado y presupuestos rezagados

Entre las principales exigencias del sector se encuentra el mantenimiento emergente de los caminos vecinales. Los dirigentes comunitarios cuestionaron severamente la calidad de los trabajos actuales, señalando que el material utilizado en las vías no es el adecuado, lo que provoca que el lastrado se deteriore en un tiempo muy corto.

Asimismo, los dirigentes demandaron respuestas claras sobre el avance de los proyectos de asfaltado, el reforzamiento de puentes que representan un peligro para el tránsito, y la entrega inmediata de presupuestos rezagados que limitan el desarrollo local. En el ámbito productivo, solicitaron que se reactive de manera efectiva la asistencia técnica y entrega de insumos para los sectores agrícola y ganadero, de la parroquia.

Presión social ante la falta de respuestas

Pedro Díaz, presidente del Gobierno Parroquial de 10 de Agosto, se pronunció sobre la situación y explicó que, tras reiteradas gestiones oficiales sin obtener contestación, se vio en la obligación de articular esta movilización junto a los dirigentes de base para hacer escuchar la voz de la parroquia.

Por su parte, los representantes del Gobierno Provincial defendieron la gestión de la actual administración asegurando que, en lo que va del periodo, se han invertido cerca de 3 millones de dólares en diferentes proyectos e intervenciones dentro de la parroquia 10 de Agosto.

Los líderes comunitarios advirtieron que se mantendrán vigilantes al cumplimiento de los compromisos técnicos adquiridos en esta mesa de trabajo, sin descartar nuevas medidas de presión si no se evidencian mejoras en el territorio a corto plazo.

Tribunal condena a 3 años de prisión al Alcalde de Aguarico por uso de título falso

El juez ordenó además la anulación definitiva de su registro como abogado y la obligación de pedir disculpas públicas en la web del Viceministerio de Educación por un año.

Por: Redacción MASD Digital -IA

En una contundente resolución judicial, el tribunal competente declaró culpable a Juan Carlos Orellana Ganchoso, actual alcalde del cantón Aguarico (provincia de Orellana), como autor directo del delito de uso doloso de documento falso. La sentencia impone una pena privativa de libertad de tres años y desmantela por completo su estatus profesional y político.

El fallo determina que el funcionario utilizó un título de abogado inexistente para engañar al sistema de control de la SENESCYT (hoy bajo el Viceministerio de Educación), logrando un registro fraudulento en la fe pública.


Las Implicaciones Políticas y Económicas

La decisión del magistrado no solo afecta la libertad del procesado, sino que genera un inmediato vacío de poder en la Alcaldía de Aguarico debido a las siguientes medidas accesorias contempladas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP):

  • Pérdida de derechos políticos: Se suspende su derecho al sufragio mientras dure la condena.
  • Interdicción legal: Queda inhabilitado para ejercer cargos públicos, firmar contratos o administrar bienes, lo que forzará su destitución automática una vez que la sentencia quede ejecutoriada.
  • Sanción económica: El sentenciado deberá pagar una multa de 10 salarios básicos unificados a las cuentas del Consejo de la Judicatura de Orellana. De no hacerlo, se procederá por la vía coactiva.

Destrucción del Estatus Profesional

El tribunal ordenó de manera inmediata a la Dirección Nacional de Registro Civil y al Viceministerio de Educación proceder con la actualización de la instrucción superior del ciudadano y la anulación definitiva del registro de su título de abogado. Con esto, el implicado pierde toda facultad legal para ejercer dicha profesión en el país.


Reparación Integral: Una Humillación Pública Obligatoria

Como medida de satisfacción y reparación integral a la fe pública lesionada, el tribunal dictaminó una sanción poco común y severa: Orellana Ganchoso deberá emitir una disculpa pública obligatoria, cuyo texto fue redactado textualmente por el juez.

Esta rectificación, donde confiesa haber obtenido un título sin haber estudiado realmente, deberá permanecer publicada y visible en la página web oficial del Viceministerio de Educación durante todo un año.

El texto de la disculpa obligatoria:

«Yo, Juan Carlos Orellana Ganchoso, ofrezco disculpas públicas al Estado Ecuatoriano, al Viceministerio de Educación del Ecuador y a la ciudadanía en general, por haber obtenido el registro de un título de abogado sin haberlo obtenido realmente… Reconozco que mi conducta lesionó la fe pública, afectó la confianza depositada en las instituciones del Estado y provocó un perjuicio al sistema de registro y control de títulos académicos…»


Este caso enciende las alarmas sobre los filtros de control en la elección de dignatarios y la verificación de perfiles profesionales en las instituciones del Estado.

El Dictamen Oral y la Notificación Escrita

El hecho de que el Tribunal haya dictaminado de manera oral responde al principio de oralidad que rige el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Sin embargo, este es solo el primer paso procesal:

  • Efecto inmediato pero no ejecutorio: Aunque la culpabilidad y la pena de 3 años ya fueron anunciadas públicamente por los jueces en la audiencia, la sentencia no está ejecutoriada (en firme).
  • La notificación escrita: El Tribunal tiene un plazo legal para notificar la sentencia por escrito en los casilleros judiciales de las partes. En ese documento se detallarán todas las motivaciones jurídicas, las pruebas valoradas y la dosimetría de la pena.

2. El Recurso de Apelación (Siguiente Instancia)

Tal como estás investigando, una vez que la sentencia escrita sea notificada formalmente, la defensa del sentenciado tiene un plazo estricto de tres días hábiles para interponer el Recurso de Apelación (conforme al artículo 654 del COIP).

  • ¿Ante quién se apela? El recurso se presenta ante el mismo Tribunal de Garantías Penales que dictó el fallo, pero este tiene la obligación de elevar el expediente a la Corte Provincial de Justicia de Orellana.

Sinangoe exige a la Corte Provincial de Sucumbíos titulación inmediata

«El Estado no puede ignorar nuestra cartografía ancestral»

SUCUMBÍOS. La comunidad A’i Cofán de Sinangoe marcó un hito en su lucha por la autodeterminación este 20 de febrero de 2026. En una audiencia de apelación de carácter intercultural, realizada en su propio territorio, los jueces de la Corte Provincial de Sucumbíos escucharon la exigencia de titular 63.775 hectáreas de territorio ancestral, hoy traslapadas con el Parque Nacional Cayambe-Coca.

Análisis Crítico: El nudo gordiano entre el MAE y la Autonomía Indígena

Hoy, la comunidad A’i Kofán de Sinangoe, presentó ante la Corte Provincial de Sucumbíos el trabajo de linderación realizado por la guardia indígena Kuirasunde’khu; más de 5.000 puntos de GPS que identifican ríos, lugares sagrados y caminos ancestrales. Foto de Nixon Andy para Alianza Ceibo y Amazon Frontlines.

La disputa de Sinangoe no es solo por tierra, es por el reconocimiento del conocimiento. El análisis del conflicto revela tres puntos críticos:

  1. Inoperancia Estatal: Pese a una sentencia de primera instancia (julio 2025) que reconoció la vulneración de derechos, el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) ha ignorado el plazo de 90 días para avanzar en la titulación. La comunidad denuncia que el MAE «no da la cara» al comparecer solo de forma telemática.
  2. Soberanía Tecnológica vs. Burocracia: Sinangoe presentó un mapeo autónomo con más de 5.000 puntos GPS recolectados entre 2019 y 2021. La crítica comunitaria es contundente: no aceptarán que técnicos externos «determinen» un territorio que ellos ya mapearon y recorrieron ancestralmente.
  3. El Precedente Siekopai: La Corte de Sucumbíos enfrenta el reto de ser coherente con su propio historial. En 2023, ya falló a favor de la Nación Siekopai (caso Pë’këya), estableciendo que la Constitución y tratados internacionales están por encima de la falta de «instructivos» administrativos del MAE.

Resumen de la Audiencia: Puntos Clave

  • Defensa Integral: Participaron desde el Consejo de Mayores hasta los «Pequeños Cuidadores de la Selva» (Chipiri Tsampi’ma Kuirasunde’khú), demostrando que la defensa del territorio es generacional.
  • Conflicto con el Parque Nacional: La declaratoria del Parque Nacional Cayambe-Coca en 1970 se hizo sin consulta, lo que ha permitido al Estado otorgar concesiones mineras en zonas protegidas mientras pone trabas a la comunidad para construir escuelas.
  • Prueba de No Afectación: La Guardia Indígena (Kuirasunde’khu) presentó pruebas de que sus linderos no interfieren con comunidades vecinas, eliminando cualquier excusa técnica para el retraso del título.

Las Exigencias de Sinangoe

La comunidad no solo espera el título; exige una reparación integral que incluye:

  • Titulación inmediata basada en la planimetría propia de la comunidad.
  • Acto público de disculpas por parte del Ministerio de Ambiente dentro de la comunidad.
  • Instalación de señalética oficial que delimite el territorio A’i Cofán frente al avance de colonos o mineras.

«No queremos que venga una persona extraña a hacer un trabajo que nosotros ya hicimos», sentenció Holger Quenamá, coordinador de la Guardia Indígena.

La Corte Provincial tiene ahora la oportunidad de ratificar que la seguridad jurídica de los pueblos amazónicos no puede seguir supeditada a las omisiones administrativas de un Ministerio que, según la comunidad, ha fallado en su rol protector.

Fuente: Comunicación Alianza Ceibo / Amazon Frontlines. Redacción: MASD DIGITAL ECUADOR.

PURGA TOTAL EN LA JUDICATURA, DEBEN RENUNCIAR DIRECTORES

Este comunicado emitido hoy, 20 de febrero de 2026, marca un punto de inflexión crítico en la administración de justicia de Ecuador. Aquí te presento un análisis detallado de lo que significa este movimiento y el contexto en el que ocurre:

1. Reestructuración de «Mando Medio»

El pedido de Damián Larco Guamán para que todos los directores nacionales y provinciales pongan sus cargos a disposición no es un trámite de rutina.

Alcance: Afecta a toda la estructura operativa y estratégica de la Judicatura a nivel nacional.

Objetivo declarado: «Consolidar una estructura organizacional alineada a los objetivos estratégicos institucionales». En lenguaje institucional, esto suele significar una «limpieza» para remover funcionarios leales a la administración anterior.

2. El Perfil de Damián Larco

Es fundamental entender quién da la orden. Larco no es un funcionario de carrera judicial; es un economista que fue director del SRI durante el gobierno de Daniel Noboa.

Presidencia Temporal: Asumió el cargo apenas el 10 de febrero de 2026, luego de que el anterior presidente, Mario Godoy, enfrentara un juicio político y renunciara irrevocablemente el 18 de febrero.

Vínculo Político: Su llegada se ve como un fortalecimiento del control del Ejecutivo sobre la Función Judicial, dado su pasado reciente en el gabinete de Noboa.

3. Contexto de Crisis y «Limpieza»

Este comunicado llega en un momento de alta tensión política por dos razones:

La caída de Mario Godoy: El presidente saliente fue acusado de inoperancia y de supuestas presiones a jueces anticorrupción. Larco busca desmarcarse de esa gestión pidiendo la renuncia de los directores que trabajaron con Godoy.

Coincidencia con el caso Granasa: La intervención de los diarios Expreso y Extra ocurrió casi en paralelo (18-19 de febrero). El hecho de que un exdirector del SRI (Larco) ahora controle la Judicatura mientras otra entidad estatal interviene medios críticos, alimenta las denuncias de «concentración de poder» que mencionan las ONG.

4. Lectura entre líneas

Libre Nombramiento y Remoción: Al enfatizar que son cargos de este tipo, el comunicado recuerda a los funcionarios que pueden ser cesados de inmediato sin necesidad de procesos administrativos largos.

Gobernabilidad vs. Control: Mientras el Consejo defiende la medida como necesaria para la «transparencia y eficiencia», sectores críticos lo ven como una toma de control total para asegurar que la justicia no obstaculice la agenda del Ejecutivo.

Fuente: análisis IA

La Corte Suprema anula la mayoría de los aranceles de Trump. Golpe a la agenda del presidente

Esta es una de las decisiones judiciales más impactantes de lo que va de 2026. El viernes 20 de febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo histórico que anula gran parte de la política de aranceles recíprocos de Donald Trump, lo que provocó una reacción furibunda del mandatario.

Aquí un análisis de los argumentos, los pros y los contras de esta decisión:

El Conflicto: ¿Por qué fallaron así los jueces?

La Corte, con una votación de 6 a 3, determinó que Trump excedió su autoridad al usar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para imponer aranceles globales (algunos de hasta el 145%). Los jueces argumentaron que los impuestos y aranceles son competencia exclusiva del Congreso, y que una «emergencia» no le da al presidente un cheque en blanco para rediseñar la economía mundial.

Análisis de la Decisión: Pros y Contras

A favor de la decisión (Pros)

Restauración del equilibrio de poderes: El fallo reafirma que el presidente no es un monarca económico. Evita que futuras administraciones (de cualquier partido) usen «emergencias» para saltarse al Poder Legislativo en temas fiscales.

Alivio para el consumidor: Organizaciones civiles y economistas sostienen que estos aranceles estaban disparando el costo de vida. Su anulación podría frenar la inflación en productos importados y bienes de consumo diario.

Seguridad Jurídica Internacional: Los socios comerciales (como México, Canadá y la UE) recuperan predictibilidad. Esto reduce el riesgo de guerras comerciales impredecibles que afectan las cadenas de suministro globales.

En contra de la decisión (Contras / Postura de Trump)

Debilitamiento de la «seguridad nacional»: Trump argumenta que los aranceles eran su herramienta principal para frenar la entrada de fentanilo (desde China y México) y presionar a otros países. Dice que ahora EE. UU. queda «indefenso».

Agujero Fiscal: Existe el riesgo de que el Estado deba devolver miles de millones de dólares ya recaudados. Se estima que hay cerca de 175,000 millones de dólares en disputa que las empresas podrían reclamar como reembolso.

Inestabilidad en los mercados: Aunque algunas bolsas subieron tras el fallo, la incertidumbre sobre cómo reaccionará la Casa Blanca (quien ya busca vías legales alternativas) genera volatilidad en sectores como el acero y la tecnología.

La reacción de Trump: «Avergonzado»

El presidente no solo calificó la decisión de «profundamente decepcionante», sino que atacó directamente la integridad de los jueces, incluidos los que él mismo nominó. Su frase «Puedo destruir un país (con armas), pero no puedo imponer una pequeña tasa» resume su frustración por lo que considera una interferencia judicial en su estrategia de «Estados Unidos Primero».

¿Qué sigue?

Es probable que la Casa Blanca intente reimponer los aranceles bajo otras leyes (como la Sección 232 de Seguridad Nacional), pero este fallo de la Corte Suprema establece un muro legal mucho más difícil de escalar.

ONGs ven posible acto de censura, intervención a Expreso

La Superintendencia de Compañías de Ecuador determinó que Gráficos Nacionales (Granasa), empresa editora de los periódicos Expreso y Extra, sea intervenida con el fin de “supervigilar la marcha económica y financiera y propiciar la corrección de irregularidades advertidas”, según una resolución de la entidad fechada el 18 de febrero y que se conoció este jueves.

Aquí te detallo los puntos clave de lo que está ocurriendo:

1. La Intervención Estatal

El 18 de febrero de 2026, la Superintendencia de Compañías notificó la intervención de Granasa. La medida incluye el nombramiento de una interventora externa (Elizabeth del Pilar Jiménez) para supervisar la marcha económica y financiera de la empresa.

Argumento oficial: La Superintendencia alega supuestas irregularidades en el registro de accionistas y auditorías externas (citando el Art. 354 de la Ley de Compañías).

Origen de la queja: La intervención fue impulsada por Inmobiliar (Secretaría de Gestión Inmobiliaria), una entidad bajo el control directo de la Presidencia, que reclama ser accionista del 2.56% de la empresa.

2. La Postura de los Diarios

Granasa ha calificado este acto como una «persecución política» y una represalia por su línea editorial crítica hacia el gobierno del presidente Daniel Noboa.

Denuncian que el Estado busca «doblegar» a medios independientes usando instituciones públicas (SRI, Fiscalía y ahora la Superintendencia).

Afirman que Inmobiliar está intentando acceder a información reservada y sensible de la empresa bajo el pretexto de su pequeña participación accionaria.

3. Reacción de Organizaciones (ONG y Gremios)

Varias organizaciones nacionales e internacionales han encendido las alarmas, viendo en esto un posible acto de censura indirecta:

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP): Ha tachado la intervención de «acto intimidatorio» y advierte que el uso de la burocracia para asediar medios es una forma sofisticada de censura.

Fundamedios: La ONG ecuatoriana rechazó la medida, considerándola «desproporcionada» y un riesgo grave para la independencia editorial en el país.

Periodistas Sin Cadenas: También han alertado sobre un ambiente de hostilidad creciente, mencionando incluso directrices recientes de las Fuerzas Armadas para «evaluar» a periodistas.

¿Cuáles son los principales cambios en Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro?

1. Incertidumbre y ansiedad social

Tras la operación en la que Maduro fue capturado y trasladado fuera del país, muchas personas han vivido una sensación de miedo e incertidumbre sobre el futuro inmediato. Informes periodísticos y testimonios de residentes de Caracas muestran que, en los primeros días, hubo compras de emergencia de alimentos y medicinas, largas colas en supermercados y farmacias, y personas que prefieren permanecer en sus casas debido al temor de inestabilidad o desabastecimiento. Esto refleja la memoria colectiva de crisis anteriores y el nerviosismo por lo que pueda venir

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