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Furia climática y millones al agua: El colapso del nuevo dique en el río Coca expone la fragilidad de Coca Codo Sinclair

Por: Redacción MASD Digital Ecuador

La crisis energética en Ecuador ha tomado un giro dramático el jueves 21 de mayo. Lo que inicialmente fue presentado por las autoridades gubernamentales como una desconexión preventiva y temporal por «exceso de sedimentos», esconde en territorio un colapso de infraestructura alarmante: el fuerte temporal registrado en la región amazónica destruyó parte del dique permeable construido en el río Coca, una obra clave que costó 19 millones de dólares al Estado y que fue inaugurada hace apenas un mes, el pasado 13 de abril.

Este daño estructural se convirtió en el verdadero detonante de una jornada caótica que provocó apagones imprevistos en al menos cinco provincias del país. Aunque el Ministerio de Ambiente y Energía y el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) confirmaron horas más tarde que la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (1.500 MW) logró reanudar parcialmente su producción, el evento ha vuelto a encender las alarmas sobre la extrema vulnerabilidad del Sistema Nacional Interconectado (SNI) y la enorme dependencia energética que arrastra el Ecuador.

El dique de los 19 millones: ¿Solución técnica o inversión efímera?

El dique permeable, entregado formalmente por la ministra Inés Manzano el mes pasado, tenía como objetivo crucial ralentizar la fuerza del caudal, retener materiales sólidos y frenar la temida erosión regresiva que amenaza con destruir de forma definitiva las obras de captación de la hidroeléctrica. Sin embargo, la millonaria estructura de pilotes y enrocado no resistió el primer gran embate de las crecidas fluviales de mayo.

Al dañarse la estructura en la bocatoma, se produjo un flujo incontrolable de lodo, arena y piedras que terminó desbordándose hacia las compuertas de la central. Para salvar las turbinas de la abrasión destructiva del material, los técnicos se vieron obligados a paralizar las unidades de generación. Al salir de operación la planta que aporta cerca del 30% de la electricidad del país, el sistema nacional simplemente parpadeó, demostrando que cuando Coca Codo sacude, parte del Ecuador se queda a oscuras.

Entre el relato oficial y la realidad en territorio

Obras de un mes que se desmoronan: Que una inversión de 19 millones de dólares diseñada específicamente para soportar los eventos fluviales de la zona sufra daños de consideración en su primer mes de vida genera serias dudas sobre los estudios técnicos, la calidad de los materiales y la fiscalización de la obra.

La descentralización del costo político: Al delegar en las empresas distribuidoras locales (como CNEL o Emelnorte) la responsabilidad de «informar oportunamente» sobre los cronogramas de cortes, el Ejecutivo diluye el impacto político directo de la crisis en Carondelet. La ciudadanía vuelve a enfrentar la incertidumbre del desabastecimiento sin reglas claras a largo plazo.

La narrativa del boicot frente a la falta de previsión: Paralelo al anuncio técnico, el presidente Daniel Noboa argumentó mediante una carta abierta que «hoy no existe problema de generación» y atribuyó las tensiones internas a intentos de «boicot» de mafias que se resisten a los cambios. Si bien la pugna política existe, matizar un problema de diseño estructural e hidrológico recurrente con relatos de sabotaje corre el riesgo de postergar el debate de fondo: la urgencia de proyectos termoeléctricos de respaldo eficientes y la transición hacia energías alternativas no dependientes del agua.

Fuente: PRIMICIAS – IA

PURGA TOTAL EN LA JUDICATURA, DEBEN RENUNCIAR DIRECTORES

Este comunicado emitido hoy, 20 de febrero de 2026, marca un punto de inflexión crítico en la administración de justicia de Ecuador. Aquí te presento un análisis detallado de lo que significa este movimiento y el contexto en el que ocurre:

1. Reestructuración de «Mando Medio»

El pedido de Damián Larco Guamán para que todos los directores nacionales y provinciales pongan sus cargos a disposición no es un trámite de rutina.

Alcance: Afecta a toda la estructura operativa y estratégica de la Judicatura a nivel nacional.

Objetivo declarado: «Consolidar una estructura organizacional alineada a los objetivos estratégicos institucionales». En lenguaje institucional, esto suele significar una «limpieza» para remover funcionarios leales a la administración anterior.

2. El Perfil de Damián Larco

Es fundamental entender quién da la orden. Larco no es un funcionario de carrera judicial; es un economista que fue director del SRI durante el gobierno de Daniel Noboa.

Presidencia Temporal: Asumió el cargo apenas el 10 de febrero de 2026, luego de que el anterior presidente, Mario Godoy, enfrentara un juicio político y renunciara irrevocablemente el 18 de febrero.

Vínculo Político: Su llegada se ve como un fortalecimiento del control del Ejecutivo sobre la Función Judicial, dado su pasado reciente en el gabinete de Noboa.

3. Contexto de Crisis y «Limpieza»

Este comunicado llega en un momento de alta tensión política por dos razones:

La caída de Mario Godoy: El presidente saliente fue acusado de inoperancia y de supuestas presiones a jueces anticorrupción. Larco busca desmarcarse de esa gestión pidiendo la renuncia de los directores que trabajaron con Godoy.

Coincidencia con el caso Granasa: La intervención de los diarios Expreso y Extra ocurrió casi en paralelo (18-19 de febrero). El hecho de que un exdirector del SRI (Larco) ahora controle la Judicatura mientras otra entidad estatal interviene medios críticos, alimenta las denuncias de «concentración de poder» que mencionan las ONG.

4. Lectura entre líneas

Libre Nombramiento y Remoción: Al enfatizar que son cargos de este tipo, el comunicado recuerda a los funcionarios que pueden ser cesados de inmediato sin necesidad de procesos administrativos largos.

Gobernabilidad vs. Control: Mientras el Consejo defiende la medida como necesaria para la «transparencia y eficiencia», sectores críticos lo ven como una toma de control total para asegurar que la justicia no obstaculice la agenda del Ejecutivo.

Fuente: análisis IA

ONGs ven posible acto de censura, intervención a Expreso

La Superintendencia de Compañías de Ecuador determinó que Gráficos Nacionales (Granasa), empresa editora de los periódicos Expreso y Extra, sea intervenida con el fin de “supervigilar la marcha económica y financiera y propiciar la corrección de irregularidades advertidas”, según una resolución de la entidad fechada el 18 de febrero y que se conoció este jueves.

Aquí te detallo los puntos clave de lo que está ocurriendo:

1. La Intervención Estatal

El 18 de febrero de 2026, la Superintendencia de Compañías notificó la intervención de Granasa. La medida incluye el nombramiento de una interventora externa (Elizabeth del Pilar Jiménez) para supervisar la marcha económica y financiera de la empresa.

Argumento oficial: La Superintendencia alega supuestas irregularidades en el registro de accionistas y auditorías externas (citando el Art. 354 de la Ley de Compañías).

Origen de la queja: La intervención fue impulsada por Inmobiliar (Secretaría de Gestión Inmobiliaria), una entidad bajo el control directo de la Presidencia, que reclama ser accionista del 2.56% de la empresa.

2. La Postura de los Diarios

Granasa ha calificado este acto como una «persecución política» y una represalia por su línea editorial crítica hacia el gobierno del presidente Daniel Noboa.

Denuncian que el Estado busca «doblegar» a medios independientes usando instituciones públicas (SRI, Fiscalía y ahora la Superintendencia).

Afirman que Inmobiliar está intentando acceder a información reservada y sensible de la empresa bajo el pretexto de su pequeña participación accionaria.

3. Reacción de Organizaciones (ONG y Gremios)

Varias organizaciones nacionales e internacionales han encendido las alarmas, viendo en esto un posible acto de censura indirecta:

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP): Ha tachado la intervención de «acto intimidatorio» y advierte que el uso de la burocracia para asediar medios es una forma sofisticada de censura.

Fundamedios: La ONG ecuatoriana rechazó la medida, considerándola «desproporcionada» y un riesgo grave para la independencia editorial en el país.

Periodistas Sin Cadenas: También han alertado sobre un ambiente de hostilidad creciente, mencionando incluso directrices recientes de las Fuerzas Armadas para «evaluar» a periodistas.