SUCUMBÍOS. — Las sospechas que por meses rondaron los pasillos de la Dirección Distrital del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en Sucumbíos se materializaron en un operativo judicial. Agentes de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional ingresaron de manera sorpresiva a las dependencias de la entidad agraria, incautando computadores, y una vasta documentación física y digital. Las investigaciones apuntan a una aparente red dedicada a la validación de adjudicaciones fraudulentas y tráfico de tierras.
El detonante directo de este allanamiento radica en la denuncia formalizada por la ciudadana Marcela de Lourdes López Verdezoto, una trabajadora autónoma de 60 años, quien denunció haber sido despojada de su predio rural de toda la vida mediante un esquema que involucra presunto fraude procesal, falsedad ideológica y perjurio.
La Posesión Histórica vs. La Adjudicación «Express»
La historia de Marcela López personifica el drama de la tenencia de la tierra en la Amazonía. Junto a su cónyuge, hoy fallecido, ejerció la posesión material, pública y pacífica de un predio rural en la Asociación de Productores Bellavista (margen derecho km 36, parroquia Pacayacu, Lago Agrio) desde 1998. Tras iniciar un trámite formal de adjudicación en el MAG en 2018, la institución acumuló carpetas enteras de pruebas, incluyendo levantamientos planimétricos e impuestos prediales cancelados ininterrumpidamente hasta el año 2026.
Sin embargo, a espaldas de la posesionaria histórica y vulnerando flagrantemente su derecho constitucional a la defensa, el MAG emitió el 16 de diciembre de 2025 la resolución de adjudicación No. 2512K00166 a favor de un tercero, el ciudadano Dimas Antonio Vargas Sánchez, quien según registros oficiales registraría su domicilio electoral en la vecina provincia de Orellana.
“Se ha entregado una escritura en una propiedad donde el señor que gestionó la escritura tenía un arriendo con la dueña o con la posesionaria original… No fue un error del ministerio sino una falsedad, alteración de la verdad…” — Miguel Ángel Rueda Prada, Director Provincial del MAG Sucumbíos (Entrevista en Radio Sucumbíos, 15 de abril de 2026).
Un Desalojo Indignante y el uso de la Fuerza
El perjuicio de este dudoso acto administrativo se materializó de forma violenta el pasado 12 de enero de 2026. Con el título de adjudicación en mano, el beneficiario acudió al predio escoltado por contingentes de la Policía Nacional para ejecutar un desalojo deliberado y deshonroso en contra de la señora López. El hecho desató alarma entre los agricultores de Pacayacu, quienes hoy temen que sus carpetas y posesiones de décadas corran la misma suerte ante la aparente facilidad con la que se «fabrican» escrituras a favor de personas ajenas a la comunidad.
24 horas después del allanamiento, aparece el director del MAG, en rueda de prensa señaló, que rechaza tal acción aduciendo que no procede por la vía penal sino por un acto administrativo y acuso al Fiscal de turno de haberse dejado impresionar por parte del abogado defensor del accionante. Además, califico de persecución política.
Los Puntos Críticos Bajo la Lupa de la Fiscalía
El Informe Técnico de Inspección No. 7274: Fiscalía investiga qué técnicos y funcionarios del MAG firmaron la inspección de campo asegurando que el nuevo adjudicatario poseía y trabajaba el predio, un hecho físicamente falso.
El Silencio Administrativo Provocado: Se analiza la omisión deliberada de notificar a Marcela López sobre el trámite paralelo, impidiéndole contradecir y presentar sus pruebas de posesión de 28 años.
La Cadena de Custodia Digital: Con la incautación de los dispositivos tecnológicos de la Dirección Provincial, se busca establecer la trazabilidad del trámite y determinar si existió manipulación o alteración documental en los servidores internos.