Redacción: Masddigital Ecuador
Sucumbíos: El proceso penal iniciado contra el comunero y líder kichwa Gregorio Aguinda Grefa expone las tensiones estructurales entre la justicia ordinaria ecuatoriana y los derechos colectivos reconocidos en la Constitución. Detenido el 2 de octubre de 2025 durante una jornada de protesta social en el kilómetro 12 de la vía Lago Agrio – Coca, Aguinda enfrenta un juicio por el delito de ataque o resistencia en un contexto marcado por dudas procesales y demandas de diálogo intercultural.
La movilización comunitaria no fue un hecho aislado: buscaba visibilizar la falta de transporte escolar para más de 900 niños y niñas de la zona que caminan hasta tres horas diarias para asistir a la Unidad Educativa del Milenio Hatun Sacha. Sin embargo, la respuesta estatal incluyó la detención de Aguinda y una acusación inicial por el delito de terrorismo con prisión preventiva, medida bajo la cual permaneció privado de libertad durante 21 días.
Posteriormente, la Fiscalía reformuló los cargos a «ataque o resistencia» (Art. 283 del COIP), cambio que la defensa técnica y el Comité de Apoyo a la Defensa señalan como muestra de debilidad probatoria. Según los documentos del caso, el expediente carece de pericias técnicas o pruebas de convicción que acrediten la responsabilidad directa del comunero en las lesiones a un efectivo policial.
Pese a ello, la jueza Diana Rubith Bueno Mejía dictó Auto de Llamamiento a Juicio el 1 de junio de 2026, manteniendo las medidas cautelares de presentación periódica, un requerimiento que agrava la situación socioeconómica de Aguinda por los costos de movilidad desde la Comuna Mushullacta hacia Lago Agrio.
Ante la inminencia del juzgamiento en el Tribunal de Garantías Penales, la Comuna Mushullacta, la Federación de Mujeres de Sucumbíos y la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, exigen que el proceso no ignore el marco constitucional plurinacional.
El 25 de agosto de 2026, la dirigencia comunitaria ingresó formalmente un Protocolo de Diálogo Intercultural para que las autoridades judiciales acudan al territorio e incorporen la Wayusa Upina espacio tradicional de reflexión y toma de decisiones como mecanismo de entendimiento del contexto social y organizativo.
El tribunal tiene en sus manos la decisión de dar paso al diálogo intercultural antes de emitir sentencia de primera instancia, un paso decisivo para evaluar si la administración de justicia actuará con apego al pluralismo jurídico o si mantendrá el uso del derecho penal como herramienta de sanción a la protesta social.