Redacción: Masd Digital

En lo que representa el primer gran pulso jurídico-electoral del calendario hacia las Seccionales 2027, la Junta Provincial Electoral de Sucumbíos (JPES) cerró filas y dejó sin piso la impugnación presentada por la alianza «Avanzamos con Lealtad y Compromiso». Con la resolución PLE-CNE-JPES-12-11-08-2026, el organismo dio luz verde definitiva a la inscripción de Yofre Poma y Anjudy Palma como candidatos a Prefecto y Viceprefecta por la Alianza Fuerza Ciudadana Sucumbiense (Listas 3-18).

Más allá del formalismo del trámite, la resolución del CNE aclara una batalla de estrategias normativas donde la oposición buscaba descalificar al binomio mediante tres frentes de presión jurídica que finalmente cayeron por falta de prueba técnica:

• La maniobra del «camisetazo» extemporáneo: La parte objetante intentó invalidar la postulación sosteniendo que Poma y Palma aún mantenían compromisos con el Movimiento AMIGO (Lista 16). Sin embargo, el expediente técnico demostró que ambos renunciaron irrevocablemente el 16 de julio de 2026, logrando blindar legalmente sus salidas antes de que la justicia electoral aplicara cualquier medida o suspensión sobre dicha tienda política. 

• Interpretación del cupo de invitados: La impugnación cuestionó el uso del 100% de la cuota de candidatos «invitados» en la estructura del Partido Sociedad Patriótica (Lista 3). No obstante, el análisis de la Unidad de Participación Política ratificó que la nómina no superó el tope del 20% estipulado en los estatutos orgánicos para la circunscripción. 
• Democracia interna ajustada a la norma: Las sustituciones en el casillero principal del PSP se ejecutaron mediante la suscripción de Actas de Aceptación y Proclamación formalmente canalizadas ante el órgano electoral provincial, dejando sin sustento el alegato de irregularidad interna.

El escenario político que se configura

La desestimación de la objeción no solo le otorga validez legal a Fuerza Ciudadana Sucumbiense, sino que acelera los tiempos de campaña. Al estar notificada la resolución, el binomio queda facultado para habilitar su Registro Único de Contribuyentes (RUC) y su cuenta bancaria electoral, habilitando la fiscalización y el despliegue del gasto político en el territorio provincial.

Este dictamen deja al descubierto la creciente tensión entre las organizaciones políticas de la Amazonía ecuatoriana, donde los litigios en actas sustituyen de momento al debate de propuestas.