Este comunicado emitido hoy, 20 de febrero de 2026, marca un punto de inflexión crítico en la administración de justicia de Ecuador. Aquí te presento un análisis detallado de lo que significa este movimiento y el contexto en el que ocurre:

1. Reestructuración de «Mando Medio»

El pedido de Damián Larco Guamán para que todos los directores nacionales y provinciales pongan sus cargos a disposición no es un trámite de rutina.

Alcance: Afecta a toda la estructura operativa y estratégica de la Judicatura a nivel nacional.

Objetivo declarado: «Consolidar una estructura organizacional alineada a los objetivos estratégicos institucionales». En lenguaje institucional, esto suele significar una «limpieza» para remover funcionarios leales a la administración anterior.

2. El Perfil de Damián Larco

Es fundamental entender quién da la orden. Larco no es un funcionario de carrera judicial; es un economista que fue director del SRI durante el gobierno de Daniel Noboa.

Presidencia Temporal: Asumió el cargo apenas el 10 de febrero de 2026, luego de que el anterior presidente, Mario Godoy, enfrentara un juicio político y renunciara irrevocablemente el 18 de febrero.

Vínculo Político: Su llegada se ve como un fortalecimiento del control del Ejecutivo sobre la Función Judicial, dado su pasado reciente en el gabinete de Noboa.

3. Contexto de Crisis y «Limpieza»

Este comunicado llega en un momento de alta tensión política por dos razones:

La caída de Mario Godoy: El presidente saliente fue acusado de inoperancia y de supuestas presiones a jueces anticorrupción. Larco busca desmarcarse de esa gestión pidiendo la renuncia de los directores que trabajaron con Godoy.

Coincidencia con el caso Granasa: La intervención de los diarios Expreso y Extra ocurrió casi en paralelo (18-19 de febrero). El hecho de que un exdirector del SRI (Larco) ahora controle la Judicatura mientras otra entidad estatal interviene medios críticos, alimenta las denuncias de «concentración de poder» que mencionan las ONG.

4. Lectura entre líneas

Libre Nombramiento y Remoción: Al enfatizar que son cargos de este tipo, el comunicado recuerda a los funcionarios que pueden ser cesados de inmediato sin necesidad de procesos administrativos largos.

Gobernabilidad vs. Control: Mientras el Consejo defiende la medida como necesaria para la «transparencia y eficiencia», sectores críticos lo ven como una toma de control total para asegurar que la justicia no obstaculice la agenda del Ejecutivo.

Fuente: análisis IA

La Superintendencia de Compañías de Ecuador determinó que Gráficos Nacionales (Granasa), empresa editora de los periódicos Expreso y Extra, sea intervenida con el fin de “supervigilar la marcha económica y financiera y propiciar la corrección de irregularidades advertidas”, según una resolución de la entidad fechada el 18 de febrero y que se conoció este jueves.

Aquí te detallo los puntos clave de lo que está ocurriendo:

1. La Intervención Estatal

El 18 de febrero de 2026, la Superintendencia de Compañías notificó la intervención de Granasa. La medida incluye el nombramiento de una interventora externa (Elizabeth del Pilar Jiménez) para supervisar la marcha económica y financiera de la empresa.

Argumento oficial: La Superintendencia alega supuestas irregularidades en el registro de accionistas y auditorías externas (citando el Art. 354 de la Ley de Compañías).

Origen de la queja: La intervención fue impulsada por Inmobiliar (Secretaría de Gestión Inmobiliaria), una entidad bajo el control directo de la Presidencia, que reclama ser accionista del 2.56% de la empresa.

2. La Postura de los Diarios

Granasa ha calificado este acto como una «persecución política» y una represalia por su línea editorial crítica hacia el gobierno del presidente Daniel Noboa.

Denuncian que el Estado busca «doblegar» a medios independientes usando instituciones públicas (SRI, Fiscalía y ahora la Superintendencia).

Afirman que Inmobiliar está intentando acceder a información reservada y sensible de la empresa bajo el pretexto de su pequeña participación accionaria.

3. Reacción de Organizaciones (ONG y Gremios)

Varias organizaciones nacionales e internacionales han encendido las alarmas, viendo en esto un posible acto de censura indirecta:

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP): Ha tachado la intervención de «acto intimidatorio» y advierte que el uso de la burocracia para asediar medios es una forma sofisticada de censura.

Fundamedios: La ONG ecuatoriana rechazó la medida, considerándola «desproporcionada» y un riesgo grave para la independencia editorial en el país.

Periodistas Sin Cadenas: También han alertado sobre un ambiente de hostilidad creciente, mencionando incluso directrices recientes de las Fuerzas Armadas para «evaluar» a periodistas.