La comunidad A’i Cofán Sinangoe exige al Estado, la delimitación de sus territorios ancestrales que actualmente se encuentran en el Parque Nacional Cayambe- Coca desde 1970, asignados a través de una ley que invade a los pueblos originarios y que ha impedido que tengan el título de propiedad de estos territorios.
El próximo 20 de febrero de 2026 se desarrollará la audiencia de apelación dentro del proceso de titulación del territorio ancestral, un caso emblemático para los derechos colectivos de los pueblos indígenas en la provincia de Sucumbíos.
Esta diligencia se llevará a cabo ante la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, instancia que deberá analizar los argumentos presentados por la comunidad en defensa de su derecho histórico y legal sobre el territorio que han ocupado ancestralmente.
Foto: CONFENAIE
La Comunidad A’i Cofán de Sinangoe solicita que los jueces escuchen de manera directa a sus mayores, dirigentes tradicionales, niños y niñas, como parte del reconocimiento integral de su identidad cultural y su vínculo espiritual, social y económico con el territorio. Para el pueblo A’i Cofán, la tierra no representa únicamente un espacio físico, sino la base de su supervivencia, su cosmovisión y la continuidad de su cultura.
Durante tres años, la comunidad realizó un proceso técnico y participativo de linderación, que incluyó recorridos en territorio, levantamiento de información geográfica y documentación histórica, con el objetivo de sustentar la solicitud de titulación de 63.775 hectáreas de su territorio ancestral. Este trabajo fue desarrollado con el esfuerzo colectivo de sus miembros y el acompañamiento de organizaciones aliadas.
La audiencia de apelación representa un momento decisivo, ya que podría garantizar la seguridad jurídica sobre el territorio y fortalecer la protección frente a amenazas externas como actividades extractivas ilegales o invasiones. Asimismo, el caso tiene relevancia nacional, pues sienta un precedente sobre la aplicación de los derechos colectivos reconocidos en la Constitución del Ecuador y en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT.
La comunidad espera que la decisión judicial respete su derecho a la consulta, al territorio y a la autodeterminación, y que se garantice finalmente la titulación integral del área solicitada, como una medida de justicia histórica y de protección de la Amazonía ecuatoriana.
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